Gustavo Sáenz propone eliminar planes a extranjeros para ayudas
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, no se guardó su opinión sobre la reciente suspensión de beneficios a personas con discapacidad. Para él, esto es una “torpeza” que afecta profundamente a quienes más lo necesitan. Explicó que no es lo mismo informar a alguien en la Capital que en los parajes alejados de Salta, donde el acceso a la información y a los trámites es más complicado.
Sáenz destacó que esta decisión no solo quita pensiones, sino que también corta la cobertura médica y los insumos necesarios. Para él, esto refleja un desconocimiento total de la realidad en provincias como Salta, donde hay retos muy distintos que los de la gran ciudad.
Gustavo Sáenz pide suspender planes sociales a extranjeros
El gobernador también comentó sobre un tema delicado: la suspensión de planes sociales en las zonas de frontera. Dijo que son las provincias fronterizas las que ven cómo muchas personas cruzan mes a mes para cobrar asignaciones y luego regresan a sus países. Para Sáenz, esto plantea la necesidad de exigir que quienes accedan a estos beneficios puedan demostrar una residencia efectiva en Salta, y en otras provincias del país.
En una reciente visita, Sáenz se encontró con Abel “Chicho” Valencia, un vecino de Metán que perdió sus piernas y a quien se le suspendió la pensión por invalidez. La situación de Chicho es un claro ejemplo de la falta de sensibilidad en la aplicación de estas normas. El gobernador comentó que, aunque el equilibrio fiscal es importante, no se puede lograr a costa de la humanidad.
Presentación de amparo a la Corte Suprema
La Fiscalía de Estado de Salta tomó una decisión importante: acudir a la Corte Suprema para solicitar la restitución inmediata de las pensiones no contributivas por invalidez y otros beneficios que han sido suspendidos. Este pedido busca restablecer el pago a quienes han sido afectados por medidas que consideran ilegítimas.
La provincia está pidiendo que se ordene el restablecimiento de las pensiones y también que se realice el pago retroactivo desde la fecha de su suspensión. Además, sacan a la luz la necesidad de anular los procedimientos irregulares que llevaron a estas suspensiones, demandando un sistema de auditoría más transparente y accesible para las personas en situación de vulnerabilidad.
Sáenz subrayó que “no pueden pagar justos por pecadores” y que es crucial que se realicen auditorías de manera seria y transparente. Es evidente que la situación necesita atención y un enfoque más humano, dado que detrás de cada número hay familias y sueños que merecen una respuesta.